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Antes que nada quiero agradecer la invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos. Aprovecho esta oportunidad para recordar que el primer curso que realicé sobre Gestión Cultural fue organizado por la OEI en Lima, Perú; luego, en calidad de Ministra de Cultura de Colombia, no encontré más que receptividad y ofertas de cooperación de parte de este organismo en beneficio de mi país. De igual manera, agradezco a los organizadores: la Unión Latina y la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, al Ministerio Brasileño de Educación, al Conseil Supérieur de la Langue Française de Québec, a la Organisation Internationale de la Francophonie y al Instituto Camões. Cuenta nuestro Nobel Gabriel García Márquez que en el mítico Macondo, ese pueblo remoto donde todo podía pasar, un día los habitantes comenzaron a sufrir de la extraña enfermedad del olvido y, poco a poco, se fueron olvidando hasta de cómo se llamaban. Fue entonces cuando José Arcadio Buendía comenzó a ponerle letreros a cada cosa, planta o animal, indicando su nombre y oficio, para recordar qué eran y para qué servían. En la entrada del pueblo clavaron un letrero grande que decía “Macondo”y en la plaza central pusieron otro que decía “Dios existe”. No fuera que la desmemoria contagiara también sus certezas religiosas. Recuerdo hoy esta anécdota fantástica, en este evento de reflexión sobre las políticas lingüísticas en las Américas en un mundo multipolar, porque la enfermedad “del olvido”, a pesar de los remedios que en su tiempo aplicó el mago Melquíades, sigue, por desgracia, vigente en nuestras naciones. A veces, con una amnesia que nos envuelve a todos, queremos derribar con los avances de la modernidad los pilares y las huellas de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestras lenguas, de lo que nos identifica como pueblos y como personas. Nuestro desafío, como dirigentes cívicos, políticos o culturales, es evitar que la plaga del olvido contamine la médula misma de nuestro pasado que sigue viva en la diversidad lingüística de los pueblos y comunidades que albergaron los momentos cruciales de nuestro devenir. Y, por supuesto, Río de Janeiro es un lugar maravilloso para hablar de las políticas lingüísticas en las Américas y de la cultura que nos hermana por encima de fronteras e ideologías, cumpliendo así uno de los principales objetivos de la UNIÓN LATINA como es promover y difundir la herencia común y las identidades del mundo latino. Con el tema que nos ocupa en esta sesión sobre la diversidad lingüística y cultural en las Américas, quiero reflexionar el siguiente fragmento, escrito por Gabriel García Márquez, el cual hace referencia a la diversidad lingüística colombiana.
El anterior fragmento está inspirado en la diversidad cultural y lingüística de los grupos étnicos que ‘habitaban’ nuestro territorio a la llegada de Colón. Así descritas, podría pensarse que estas comunidades hacen parte de un pasado mítico, lejano y ausente, arrancadas del tejido cultural que caracteriza a la sociedad colombiana. Sin embargo –y a pesar de la pérdida invaluable que representó la acción devastadora sobre estos pueblos–, para fortuna nuestra, y de la humanidad en general, la realidad es otra. Organizados a partir de patrones culturales propios, en Colombia habitan cerca de 90 pueblos indígenas que se relacionan con la vida nacional de diversos modos, existiendo grupos como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, considerados muy celosos de su cultura; otros como los guambianos y los paeces que poseen cierto grado de apropiación de la cultura occidental, pero que resguardan sus rasgos de identidad; finalmente grupos como los pijaos, los pastos y los zenúes que han tenido que recurrir al español como lengua, ya que en el proceso de castellanización perdieron su lengua materna [1]. Pero es claro que el legado cultural que enarbola Colombia no solo es fruto de las exploraciones protagonizadas desde tiempos inmemoriales por los pueblos indígenas de un lado al otro del continente –exploraciones motivadas por su posición privilegiada, a la salida del Istmo de Panamá–. El nuestro es uno de los países con mayor diversidad genética y cultural del mundo y tal diversidad viene acompañada de una serie de características culturales propias, en las que también confluyen los aportes indoeuropeo y africano. Este último se precisa en dos comunidades: los sanandresanos y los palenqueros [2]. Es interesante observar, cómo estos grupos humanos se han arraigado en diferentes regiones del país. Al respecto, el Ministerio de Cultura resalta que al norte, en la costa atlántica, habita gente extrovertida y alegre y se ha conformado una región que incluye además de negros, mulatos y blancos, comunidades indígenas como los Wayuu de la Guajira y los Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la costa sobre el Océano Pacífico se asentaron comunidades de raza negra, pueblos de pescadores y cazadores que habitan a orillas del mar y en la selva húmeda de mayor diversidad del mundo, la del Chocó, que también es cuna de tribus indígenas como los Embera y los Noanamá. Al sureste, la exuberancia de la selva amazónica, cálida y húmeda, ha sido durante siglos el hábitat natural de numerosas agrupaciones, con sus mitos y leyendas, conformadas por grupos dedicados a la caza y la pesca, con formas de vida comunitaria y a veces nómada, como los Sibundoy, Makuna, Tukano y Tikuna. Al este, en los llanos del Orinoco y los inmensos ríos de la gran sabana, se han desarrollado sociedades basadas en la agricultura y el pastoreo y asentamientos indígenas, como los Guahibo, que todavía habitan las orillas del río Vichada. En el centro, en la cordillera de los Andes, dividida en tres ramales y densamente poblada, se albergaron sociedades con marcadas diferencias culturales y grandes capacidades para la agricultura, la alfarería y el tejido, y comunidades que hoy conservan tradiciones seculares como los Guambianos, los Pijaos y los Paeces. Cada expresión regional tiene sus valores, su música, sus tradiciones y todas se funden en un carácter único de colombianidad. La expresión musical, por ejemplo, mezcla ritmos e instrumentos europeos de tradición histórica propia, con danzas y ritmos africanos como son los casos de la cumbia y el vallenato en la costa Caribe, el currulao y la jota en el pacífico, el bambuco o la guasca en el interior andino y el joropo llanero, pasando por una gama enorme de ritmos y variaciones interpretados con instrumentos propios tales como las gaitas fabricadas con cañas y cera de abejas, las marimbas, tiples y bandolas o los más sofisticados y modernos instrumentos musicales. Y es precisamente este amplísimo marco cultural –que también alberga numerosos núcleos de inmigrantes y comunidades de gitanos llegados desde la época de la colonia y que han hecho valiosos aportes a la construcción de nuestra nacionalidad– el que me permite asegurar que somos un país privilegiado, un país mestizo, negro, indígena, blanco y mulato. Ahora bien, no podemos pasar por alto que, de la mano de esta diversidad cultural, se erige una afortunada confluencia de lenguas, patrimonio de Colombia y de la humanidad. Las investigaciones desarrolladas en los últimos veinte años demuestran que nuestras lenguas amerindias y criollas son sistemas complejos que resguardan la identidad sociocultural de la nación y representan una de sus manifestaciones más estilizadas. Con María Trillos, infatigable investigadora de las lenguas colombianas de quien nos enriquecimos invaluablemente para desarrollar esta presentación, reitero que ellas –las lenguas– constituyen lo más humano que hemos desarrollado y que llevó milenios de una laboriosa tarea lingüística de nuestros antepasados. Al salvaguardarlas defendemos nuestra esencia culturalmente diversa, lo que nos hace ricos en visiones de mundo y maneras de ser, lo que nos posiciona como seres humanos únicos, irrepetibles, pero también iguales, ante el conglomerado de pueblos culturalmente diversos que habitan el universo.
Este milenario laboratorio lingüístico que es Colombia, se nutre de lenguas que no solo conservan la memoria colectiva, sino que, además, develan la riqueza de las relaciones lingüísticas que se dan en el país con casos tan interesantes como el de la comunidad indígena de los Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes siguen sus ritos religiosos en teyuan –lengua sagrada–, pactan alianzas con los wiwa en damana, en español establecen estrategias de convivencia con el corregidor del pueblo mestizo más cercano y en familia se comunican en koguian. En el Vaupés, un individuo puede dominar por lo menos cuatro lenguas indígenas, además del español y del portugués; para no ser considerado incestuoso, debe escoger pareja en un grupo de habla diferente al del padre y, además, reservar el tukano para las transacciones comerciales con pueblos de hablas diferentes, las que se suelen manejar cotidianamente. Por otra parte, en el Archipiélago de San Andrés, descendientes de africanos viven la vida cotidiana en tres lenguas: en creol expresan el amor y los afectos, oran en inglés y en español hablan con los turistas y los representantes del Estado colombiano. Pero demos un vistazo a esta diversidad lingüística caracterizada por 72 lenguas indígenas [3], 2 criollas, 1 variedad de inglés caribeño, 1 variedad de portugués brasileño y 1 variedad de español americano, que singulariza al país en el contexto regional: de cara a las Antillas, donde encontramos lenguas criollas e indoeuropeas (español, inglés, francés, neerlandés) y frente a Sudamérica donde aparecen lenguas indígenas e indoeuropeas (español y portugués). Ya había mencionado que nuestro país se erigía como un entramado pluricultural. Pues bien, fruto del mismo son las cerca de ochenta lenguas que se hablan a lo largo del territorio nacional, procedentes de los legados amerindio, criollo e indoeuropeo. La diversidad que caracteriza al conjunto de lenguas amerindias colombianas se encuentra representada por 12 familias lingüísticas diferentes: chibcha, de probable procedencia centroamericana; arahuaca, caribe, quechua y tupí de ascendencia suramericana; siete familias de posible origen nacional como son chocó, guahibo, sáliba, macú, huitoto, bora, tucano; más diez lenguas aisladas presumiblemente supérstites de igual número de familias: andoque, awa-cuaiquer, cofán, guambiano, kamentsá, páez, ticuna, tinigua, yagua. En principio puede considerarse que constituyen una gran variedad de lenguas y así es. Sin embargo el panorama cambia cuando se piensa en los procesos históricos que han puesto a sus hablantes en constante peligro de extinción. A priori, siendo extremadamente prudentes, la pérdida podría estimarse en más de un centenar de lenguas. Sin embargo, es necesario esperar los avances de la lingüística colombiana para la presente década [4]. Es posible que las lenguas criollas colombianas, por su parte, se hayan originado a partir de las diferentes lenguas que entraron en contacto, tomando léxico del idioma europeo que dominara socialmente en cada caso, español o inglés, y reteniendo rasgos de las lenguas africanas. Hoy el palenquero y el sanandresano, por lo regular, se utilizan en situaciones de familiaridad, relaciones de amistad, negocios y demás facetas de la vida cotidiana. Finalmente, el aporte hispánico es el representado por la lengua española enriquecida con recursos propios del pueblo colombiano y con diferencias según las regiones en que se divide el país: caribe, andina, amazonía, orinoquía y costa pacífica. Al seguirle el rastro a la distribución geográfica de estas lenguas, de acuerdo con la división política administrativa del país, encontramos que se hayan repartidas en las siguientes regiones:
Tabla 6: Inventario de lenguas y familias lingüísticas colombianas:
2002 Con estos datos, es necesario reconocer que la diversidad lingüística, lejos de ser un fenómeno confinado a unos pocos departamentos ‘exóticos’ constituye una realidad muy común a la situación lingüística del país actual. Pero, ¿cómo es la relación entre las lenguas y el número de hablantes? Basándonos en las estadísticas de Planeación Nacional se puede lograr una aproximación al número de hablantes de cada lengua y se destaca, por ejemplo, que el wayunaiki en La Guajira, utilizado por cerca de ciento cincuenta mil personas, es la lengua amerindia más hablada del país, mientras que entre las menos habladas, estarían las de la familia bora con seiscientos hablantes, el carijona con doscientos ochenta y siete; y las que no alcanzan los cien, como el bará. Preocupante la situación del pisamira con cincuenta y cuatro hablantes y la del taiwano con cincuenta; y lamentable la del tinigua, con dos hablantes, únicos supervivientes del pueblo tinigua, escapados de la masacre de las caucheras de la Casa Arana. Hoy, la morbilidad detectada pone a muchos pueblos en peligro de extinción física y con ellos indiscutiblemente sus lenguas. Este es un fenómeno que se viene configurando paulatinamente. Dejando un rastro indeleble, muchas han desaparecido sin que quedaran mínimas listas léxicas, otras superviven en condiciones precarias como el terruna y el teyuan, aún siendo celosamente protegidas por mamas y sagas (sacerdotes y sacerdotisas), en las actuales condiciones de inestabilidad que caracterizan a la Sierra Nevada de Santa Marta. De este acoso no escapan el palenquero ni el creol, ni siquiera el inglés sanandresano. Las apreciaciones de quienes hacen antropología lingüística señalan que la amenaza se ciñe sobre más del cincuenta por ciento de las lenguas, un cuarenta por ciento carece de estudios sistemáticos y para más de un veinte por ciento no se han iniciado. La preocupación mayor: los pueblos que las hablan están amenazados en su integridad física y cultural; cada día es más difícil hacer trabajo de campo por los desplazamientos poblacionales, por las condiciones de aislamiento en que están quedando las comunidades, por el conflicto armado que suele darse en el día a día de sus territorios. Ahora bien, es sabido que son muchas las acciones que se están ejecutando en Colombia en aras de un anhelado ‘desarrollo’. Sin embargo, comparto con la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) que no se puede crecer de espaldas a los factores culturales y sociales que configuran la vida de un país, actuando como ruedas sueltas sin un propósito común, ya que estaríamos reduciendo el bienestar de toda una Nación al servicio de la economía y eliminando inevitablemente la diversidad. Al respecto, la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural reitera:
De ahí que, ante la realidad cultural y lingüística que engalana al país –realidad que no puede ser ignorada–, llama la atención conocer la posición del Estado y qué tipo de disposiciones legales protegen nuestra diversidad, particularmente la lingüística, en el marco de la reglamentación existente. Aceptando toda esta multiplicidad de diferencias culturales y lingüísticas que conviven en Colombia, el gobierno ha reconocido, a través de las disposiciones legales vigentes, su diversidad cultural y lingüística, asumiendo la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de los pueblos multiétnicos que la habitan y garantizarles derechos fundamentales, entre otros, los lingüísticos. Esta caracterización del Estado colombiano como un ente multicultural y plurilingüe, y los derechos lingüísticos y culturales consagrados en la Constitución del 91 muestran un avance importante para delinear la silueta de una Colombia mucho más democrática. Así, en la Constitución Política, el pueblo demanda que la diversidad étnica y cultural es una riqueza que el Estado está obligado a proteger y sienta el principio de que las lenguas colombianas, al igual que el español, son lenguas oficiales en los territorios donde se hablan, dando un nuevo ordenamiento jurídico a la Nación. Según registra el artículo 7 del Título I, De los Principios Fundamentales, la carta política establece: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; y el artículo 10, resultado de todo un proceso cultural, social, histórico y político de los pueblos indígenas, precisa: “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”. En artículos subsiguientes se plantea promover a través de la educación el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (artículo 67); en especial, el derecho a una formación que respete y desarrolle la identidad cultural de los integrantes de los grupos étnicos (artículo 68). Por otro lado, en el artículo 70 del Título II, De los Derechos, las Garantías y los Deberes, sostiene: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. Además, ha dispuesto “el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad”, todo ello en el marco de la adopción del convenio 169 de la OIT mediante la Ley 21 de 1991, disposiciones que fueron reglamentadas en 1994 con la Ley General de Educación, la cual induce a desarrollar los modelos culturales presentes en el país y establece que la enseñanza de los grupos étnicos con tradiciones lingüísticas será bilingüe, con la lengua materna del educando funcionando como primera, tanto en el aula como en la escuela, y el español como segunda lengua. Una vez más, la intención de generar procesos para la construcción de una sociedad más pacífica y equitativa, basada en el respeto mutuo, se ratificó en el compromiso asumido por Colombia como país miembro de la UNESCO al aprobar la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural. Este compromiso supone el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos autóctonos. Además, implica, entre otras cosas, el tomar medidas apropiadas que favorezcan el intercambio de conocimientos y de las prácticas recomendables en materia de pluralismo cultural con miras a facilitar, en sociedades diversificadas, la inclusión y la participación de las personas y de los grupos que proceden de horizontes culturales variados (objetivo 3); salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y la difusión en el mayor número posible de lenguas (objetivo 5); fomentar la diversidad lingüística –respetando la lengua materna– en todos los niveles de la educación, dondequiera que sea posible, y estimular el aprendizaje del plurilingüismo desde la más temprana edad (objetivo 6); y alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y mejorar, a este efecto, tanto la formulación de los programas escolares como la formación de los docentes (objetivo 7). Pero, ¿cómo se materializa esta voluntad política del Estado? La etnoeducación aparece como la respuesta dada por el Estado a las demandas de los pueblos indígenas del país. Siguiendo a J. Marino –reconocido antropólogo colombiano–, la institución escolar para estas comunidades se había convertido en algo así como un hijo de Noánase (en la tradición de los kogui, es uno de los primeros hijos de la madre espiritual, quien fue encarcelado por hacer mal uso del inmenso conocimiento y poder que poseía). El uso dado por los misioneros a las escuelas –agrega este autor–, en la gran mayoría de los casos, traspasaba la línea del racismo y la intolerancia hacia las culturas de cada pueblo, de ahí que no sea tan exagerada la comparación que pudieran hacer los indígenas entre la escuela y Noánase. Consagrada en la Constitución Política de 1991, en la Ley 70 de 1993, en la Ley 115 de 1994 y en los Decretos Reglamentarios 804 de 1995 y 1122 de 1998, la etnoeducación abre un nuevo espacio en el sistema educativo nacional con posibilidades ilimitadas que dependen de cómo la asuma la comunidad educativa. Se constituye, entonces, en el espacio propicio para lo diverso e implica el compromiso del gobierno nacional en la implementación de una educación que permita avanzar en la construcción, consolidación y calificación permanente de un proyecto intercultural. Son varios los componentes desde donde se intenta abordar y desarrollar los procesos etnoeducativos: capacitación, que involucra una serie de procesos dirigidos a docentes de los grupos étnicos, agentes educativos institucionales y miembros de las comunidades; investigación, orientada a fortalecer y desarrollar la investigación, acción y participación y la organización de las comunidades; adecuación y diseño curricular, que implica la estructuración de propuestas curriculares y pedagógicas de acuerdo con los fundamentos, elementos y funciones establecidos a través del proyecto global de vida de cada pueblo; diseño, elaboración y producción de materiales educativos, fruto del trabajo de las comunidades y de los docentes; y, por último, asesoría, seguimiento y evaluación, con miras a mejorar los programas y proyectos que se adelantan en los departamentos y con los grupos étnicos. Para fortalecer esta iniciativa, en 1995 comenzaron las Licenciaturas en Etnoeducación con el objetivo inicial de formar maestros indígenas. Simultáneamente, mediante el decreto 804, se conmina a los departamentos y municipios a recoger en sus planes sectoriales la diversidad étnica y cultural de cada entidad territorial, la cual debe reestructurar, de manera concertada, los programas y proyectos educativos con dicha realidad. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos se inscribe, precisamente, en el proceso de construcción conceptual y de desarrollo de la etnoeducación en Colombia. Esta, creada por la Ley 70 de 1993, tiene su concreción con el Decreto 1122 de 1998, que establece su carácter obligatorio en el área de las Ciencias Sociales en todos los establecimientos educativos estatales y privados. Si bien uno de los objetivos es el afianzamiento de la identidad de estas comunidades, también pretende que todos los colombianos conozcan los aportes de los afrocolombianos a la formación de la Nación. En la práctica esta Cátedra requiere ser socializada, sensibilizando así a los docentes y directivos para su implementación. Acompañando estos procesos, con el apoyo del Programa de Etnoeducación Indígena del Ministerio de Educación, se han creado espacios abiertos a la reflexión sobre la participación de las lenguas en la construcción de sentidos sociales y la enseñanza-aprendizaje de estas en contextos multiculturales, entre otros aspectos. Fruto de encuentros, como seminarios, talleres y congresos –entre los que se destaca el Congreso Nacional de Etnoeducación– llevados a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional, son los valiosos insumos con los que se cuenta en la actualidad para intentar abordar el complejo panorama de las lenguas en Colombia. Por otro lado, no podemos desconocer el esfuerzo que se gesta desde la televisión nacional, especialmente los canales institucionales y regionales, que intentan dar cuenta de la diversidad cultural y lingüística del país, pretendiendo desarrollar el sentido de alteridad entre los colombianos y escenarios que permitan apreciar los múltiples rostros y las polifonías propias de la colombianidad. En lo que respecta a los programas radiales, el parágrafo 2 del artículo 20 de la Ley 335 de 1996, garantiza el acceso al espectro electromagnético por parte de los grupos étnicos de Colombia. En algunas comunidades ya están funcionando, con algunos altibajos, emisoras comunitarias indígenas auspiciadas por el Ministerio de Comunicaciones. En ese sentido es trascendental, si logra llegar a buen término, el programa del Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Cultura que pretende hacer extensiva a otras comunidades indígenas la creación de estas emisoras. Para los pueblos indígenas y afrocolombianos el orden jurídico aquí expuesto y las iniciativas que se están implementando representan el reconocimiento constitucional de su derecho a formas de autodeterminación que pueden sintetizarse en la conservación de su territorio, la autonomía administrativa y el respeto al derecho mayor indígena y a la especificidad lingüística y cultural, así como la facultad de darse una educación acorde con sus características culturales, cuya máxima expresión es el rasgo bilingüe e intercultural. Sin embargo, los esfuerzos adelantados hasta el momento no han sido suficientes para la consecución de los objetivos propuestos; hay todavía un camino muy largo por recorrer pues Colombia dista todavía mucho de ser entendida y vivida como multiétnica y pluricultural. Nos enfrentamos entonces a un hiato entre la reglamentación existente y su aplicabilidad en el marco de acciones coherentes por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos del país. La interculturalidad, como campo de reflexión y acción, no se ha pensado en todas sus dimensiones, condición necesaria para hacer efectivo el reconocimiento de la diversidad cultural, en el que no baste, como señala Abadio Green [5] (2001), reconocer al otro en aquella dimensión que nos interesa o parece correcto o urgente o parecido, en tal caso, nos estaríamos viendo y proyectando a nosotros mismos en el otro, pero no viendo al otro como alguien diferente. Si la construcción de la identidad nacional hace parte de las políticas estatales, no podemos ignorar que es a partir de la comprensión del otro, de sus características y especificidades, de las formas en que se apropia de su cultura que podemos lograr tal propósito. Para que la legislación no sea letra muerta se hace necesario, entonces, fomentar la comprensión crítica de nuestra realidad desde la creación de espacios pluralistas que den la posibilidad de escuchar voces silenciadas a lo largo de la historia: es muy poco lo que la población mestiza conoce acerca de la diversidad lingüística y cultural del país. Llama la atención, por ejemplo, el papel marginal de los estudios interculturales al interior de las universidades en las que prevalece la enseñanza y el aprendizaje de aquellos conocimientos que la cultura occidental reconoce como legítimos y que subordinan –en el mejor de los casos– las realidades cotidianas que lindan con lo multicultural. En el ámbito escolar, por ejemplo, y a pesar de las disposiciones ministeriales, aún se continúa celebrando el “Día del Idioma” o el 12 de Octubre, Día de la Raza.
Por otra parte, en un proceso productivo, si surgiera una voluntad política de protección de las lenguas colombianas, el wayunaiki, el nasayuwe, el tucano o el creol, para mencionar solo cuatro, podrían desarrollarse y convertirse en lenguas del Estado, lenguas con presencia efectiva en las escuelas, las universidades, los centros administrativos y en los medios de comunicación. Serían así oficiales no en el papel, sino en la realidad de la vida nacional. En un proceso productivo, impulsando programas de lingüística de rescate, las llamadas lenguas minoritarias como el carijona, el siona o el pisamira, entre muchas otras, podrían revitalizarse conjurando el peligro de extinción [6]. Bastante oportuna es la apreciación de Abelardo Ramos, quien hace hincapié en lo siguiente: “Se busca llegar a horizontes más amplios del mundo del conocimiento humano, proyectar que los idiomas indígenas trasciendan al nivel de lengua literaria, filosofía, y en general sean recursos para el desarrollo del pensamiento y la realización de la oficialidad de las lenguas en diversos ámbitos del saber. Esto implica concretar un proceso de estandarización de la escritura de cada lengua de modo que ella constituya una herramienta importante en la construcción de su proyecto de vida en función de la identidad, la autonomía, la ciencia, la tecnología, el mejoramiento de la calidad de vida”. Se requiere, entonces, por parte del Estado y de sus instituciones, fortalecer los espacios encargados de definir, orientar y hacer el seguimiento necesario a las políticas públicas relacionadas con la diversidad lingüística y cultural. Ante todo, dar prioridad a los estudios que faciliten el diseño e implementación de políticas que concreten los derechos lingüísticos de los pueblos amerindios y afrocolombianos. En el campo de la etnoeducación, la problemática es más compleja de lo que podría pensarse. Si nos asomamos al paisaje cotidiano de las lenguas y de sus usos en las sociedades multilingües colombianas, encontramos los diversos casos de multilingüismo que se viven al interior de las comunidades indígenas o afrocolombianas, multilingüismo que no podemos desconocer a la hora de pensar en políticas lingüísticas que reivindiquen los derechos de los pueblos indígenas. Esta urdimbre de lenguas, usos, costumbres y estilos que se teje en cada una de las regiones, también tiene presencia en la escuela intercultural convirtiendo la clase en una babel donde el maestro intenta responder a la situación lo mejor que puede. Hace cerca de dos décadas, cuando se intentaba leer el aula multilingüe, aparecían mensajes confusos y respuestas poco satisfactorias. Hoy, empiezan a manifestarse procesos de planificación y principios organizativos que tienden a aliviar los conflictos pedagógicos que le generan al maestro un alumnado lingüísticamente heterogéneo, entre otras cosas, cómo se enseñan y cómo se aprenden las lenguas. Es necesario, entonces, que el Estado, en concertación con los pueblos indígenas, implemente estrategias sociales más amplias y procesos de planificación lingüística coherentes con las tendencias sociolingüísticas de cada región [7]:
Y es precisamente desde esta perspectiva que contamos con el Círculo de Estudios Lingüísticos, Sociales y Culturales (CELIKUD) y el Museo de Antropología en Barranquilla, entidades apoyadas por un equipo de lingüistas y antropólogos del país y por Colciencias, organización estatal encargada de monitorear el trabajo de los investigadores y clasificar los grupos de investigación existentes en Colombia. Desde el CELIKUD se vienen desarrollando acciones para la preservación, revitalización y desarrollo de las lenguas, acciones como la creación del Observatorio de las Lenguas, que monitorea la aplicación de los principios de equidad contemplados en la Constitución Nacional. Este monitoreo permite a su vez detallar el número de hablantes de cada lengua, las percepciones lingüísticas tanto de los miembros que las hablan como de la sociedad nacional mestiza y la oficialidad de las lenguas, entre otras consideraciones. Adicionado a ello, se han creado redes de investigadores interesados en apoyar procesos de preservación y revitalización lingüística, se propone la realización de un coloquio bianual sobre derechos lingüísticos y la creación e implementación de modelos pedagógicos bilingües e interculturales que permitan el desarrollo de las lenguas. En este sentido, se hace indispensable una herramienta que permita planificar la vida de las lenguas tanto en el seno de la escuela como en la del aula misma. La propuesta es, entonces, trazar el camino para la construcción de un Proyecto Lingüístico Nacional, alimentado por propuestas regionales y estas, a su vez, por propuestas escolares de planificación lingüística, para lo cual será necesario definir la posición de la escuela intercultural con respecto a las lenguas, partiendo del análisis de las necesidades del entorno y de las disposiciones constitucionales. En este contexto, los Proyectos Lingüísticos Escolares aparecen como el instrumento pedagógico con el que se ha de intentar asegurar una adecuada planificación didáctica de la enseñanza de las lenguas en contextos sociolingüísticos multilingües. Lamentablemente, es mucho lo que falta por hacer y los esfuerzos desarrollados por grupos de investigación como el CELIKUD son insuficientes. Gracias a la labor de lingüistas y antropólogos contamos con los insumos necesarios para hacer lingüística de rescate, pero se necesita, ante todo, llamar la atención de los administradores involucrados que financien procesos que beneficien a las comunidades y a sus lenguas y que, a su vez, fomenten en todos los colombianos una conciencia lingüística colectiva, que ayude a preservar este patrimonio nacional y, por extensión, de la humanidad. Estoy segura de que así como puede provocarse la muerte de las lenguas, también pueden reanimarse y revitalizarse, construyendo –como sostiene García Canclini– “proyectos democráticos compartidos por todos sin que igualen a todos, donde la disgregación se eleve a diversidad y las desigualdades se reduzcan a diferencias”. En una opción por la vida existe la posibilidad de emprender acciones de revitalización lingüística, no sin antes beneficiar a los pueblos que hablan estas lenguas: a veces se argumenta que una lengua minoritaria tiene que ser protegida para preservar la cultura que comporta. Lo contrario también se puede mantener. La cultura que comporta tiene que ser protegida en la clase para preservar la lengua minoritaria (…) proteger una lengua minoritaria en la escuela sin proteger la cultura que comporta puede ser financiar una máquina costosa de corazón-pulmón asociada a un organismo moribundo. Promover la cultura que comporta una lengua junto con la enseñanza de la lengua minoritaria puede dar una inyección de vida a esa lengua y a esa cultura [8]. Con algunas lenguas el trabajo será difícil, pero el futuro de muchas otras sería promisorio.
TRILLOS, María en Urdimbres para conmemorar el día de las lenguas. Particularmente, el legado africano tiene origen en el tráfico de esclavizados que se desarrolló en Cartagena con participación de holandeses, portugueses, franceses e ingleses; artífices de este estilo comercial en los procesos de explotación que se dieron en América para la época de la Colonia. TRILLOS AMAYA, M. Pasión y Vida de las Lenguas Colombianas. Colciencias. Bogotá, 2003. Ibíd, p. 57 Líder nacional indígena Ibíd., p.121 TRILLOS AMAYA, M. Participación de las Lenguas en la Construcción de Sentidos Sociales. Bogotá, 2003 MORENO CABRERA, J. La Dignidad e Igualdad de las Lenguas. Alianza Editorial. Madrid, 2001, p.225
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